Policía reprime violentamente masivas protestas en capital española
Editado por Julio Pérez | 
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Madrid, 20 jul (RHC) La policía detuvo a 15 personas y 39 fueron
atendidas por servicios sanitarios en disturbios tras la manifestación
en la que cientos de miles de personas protestaron contra los recortes
de gasto público del gobierno español.
La marcha iniciada en la Plaza de Neptuno culminó en la Puerta del
Sol, donde tras disolverse se registraron choques entre manifestantes y
policías que impedían que fueran a protestar ante el Congreso de los
Diputados.
Las detenciones se realizaron en las calles del centro de Madrid,
entre ellas la de un menor de edad y un bombero, que fue llevado a la
sede de la Brigada Provincial de Información, mientras que al menor a la
Unidad de Menores de la Policía Nacional.
Los incidentes se produjeron en las calles próximas al Congreso de los
Diputados (que está resguardado desde la semana pasada que se
anunciaron los recortes), en el barrio de Huertas y también en la Puerta
del Sol.
Los choques dejaron 39 personas heridas, por golpes y caídas, seis de
ellas fueron llevadas a hospitales, y dos policías siguen internados por
heridas leves.
Los disturbios fueron la continuación de una noche de protestas en
Madrid, al igual que en las principales ciudades de España, contra los
recortes de gasto público del gobierno de Mariano Rajoy, que además ha
subido el IVA del 18 al 21 por ciento y elimina el aguinaldo a los
trabajadores públicos.
Las manifestaciones fueron convocadas por las centrales Unión General
de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) una vez que el
Congreso de los Diputados aprobó la víspera el decreto que pone en
marcha los recortes.
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/19457-policia-reprime-violentamente-masivas-protestas-en-capital-espanola.html
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Bolivia: Policía reprime violentamente a mujeres e indígenas de la IX Marcha
Por Servindi
Servindi, 5 de julio, 2012.- Con chorros de agua y bombas
lacrimógenas la policía echó esta mañana de forma violenta a los
indígenas –entre los que se cuentan mujeres y niños– que se encontraban
apostados en los exteriores de la Vicepresidencia a la espera de que el
gobierno de Evo Morales inicie el diálogo en torno a las demandas
indígenas.Las violentas acciones se originaron cuando las fuerzas del
orden procedieron a dispersar una protesta de la agrupación Mujeres
Creando que ocuparon las calles para apoyar las demandas del los
pueblos indígenas defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Secure (TIPNIS).
Este primer ataque contra las activistas que se dio una hora antes
del mediodía fue usado como pretexto para arremeter luego contra los
indígenas que se hallaban en el frontis de la sede de la Vicepresidencia
a solo dos cuadras de la Plaza Murillo donde se encuentra el Palacio
de Gobierno y el Parlamento.
Tras la violencia desatada por la policía que incluyó la descarga de
gases lacrimógenos y fuertes chorros de agua lanzadas de un carro
Neptuno, mujeres y niños que se guarecían en más de un centenar de
carpas huyeron en distintas direcciones mientras los hombres intentaban
recuperar sus pertenencias.
Según la versión de la Policía, las acciones emprendidas se
originaron en respuesta a supuestos ataques con palos y piedras de parte
de los indígenas. Carlos Cayuba, corregidor de la comunidad de
Concepción, lamentó que se haya actuado con tal violencia y se preguntó
cómo puede haber un diálogo si los tratan de esa manera.
Los indígenas que llevan una semana instalados en esta parte de la
capital no habían protagonizado actos de violencia, por el contrario
mantuvieron una actitud pacífica a la espera de que el mandatario los
reciba para tratar sus demandas respecto a la construcción de una vía
que cruzara el parque donde habitan.
Algunas reacciones que provocó el accionar del gobierno en las redes sociales:
Resultados para #IXMARCHA
2mERBOL ?@ErbolDigital
Comandante miente al informar que #Indigenas #IXmarchaprovocaron a los
policias lo hicieron un grupo de 30 personas de#MujeresCreando
4mRodrigo Loredo ?@rloredo
#Opinión: Las culpables son #MujeresCreando, y ahora los indígenas de la
#IXMarcha del #TIPNIS son los que pagan platos rotos, muy mal!!
4mAlbert Hans Argote ?@Hans_Argote
Da rabia y vergüenza como el actúa el gobierno con los de la#IXMARCHA,
luego nos dicen que no hay discriminación y racismo#Bolivia
5mMiguel A. Buitrago ?@miguelabuitrago
“@ErbolDigital: Calle Potosí indigenas recogiendopertenencias tras la
represion con gas lacrimógeno y chorros de agua del Neptuno#IXmarcha”
7mERBOL ?@ErbolDigital
Se informa que una persona quedo inconciente por causa del gas lacrimógeno #IXmarcha #TIPNIS
7mJuan Pablo Coimbra ?@jpablocoimbra
RT @rloredo: Represión de la policía es ahora directa contra los
indígenas de la #IXMarcha apostados en Vicepresidencia
informa@ERBOLRADIO
7mTipnisEnResistencia ?@porelTipnis
Policía justifica represión contra #MujeresCreando por “acciones
violentas” por parte de indígenas de la #IXMarcha #TIPNIS via@rloredo
8mRodrigo Loredo ?@rloredo
Represión de la policía es ahora directa contra los indígenas de la#IXMarcha apostados en Vicepresidencia informa @ERBOLRADIO
8mERBOL ?@ErbolDigital
Se lanzaron 3 granadas de gas directamente al campamento de la vigilia
#IXmarcha el carro netuno lanza chorros directamente a los#indigenas
8mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
En las narices de todo Bolivia el Gobierno agrede a los indígenas de la #IXMarcha
9mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
Hasta cuando los Bolivianos vamos a soportar, esto que esta pasando con los Indígenas de la #IXMarcha es demasiado
12mJuan Gabriel Ledezma ?@jgabrielledezma
Neptuno desaloja vigilia de la #IXMarcha tras protesta de Mujeres
Creando cc: @solecitabolivia @mrduranchhttp://pic.twitter.com/tiV2YIZ6
Ver foto
12mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
Es increible lo que está sucediendo en Bolivia, chorros de agua y gases para los indígenas de la #IXMarcha
12mRodrigo Loredo ?@rloredo
Policía justifica represión contra #MujeresCreando por “acciones violentas” por parte de indígenas de la #IXMarcha #TIPNIS
13mTonny Lopez ?@tonnylp
La marcha de Berthas fue reprimida por efectivos policiales, la vigilia
de la #IXMarcha del #Tipnis en la calle Potosí fue gasificada
15mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
#Agresión a niños y mujeres de la #IXMarcha
16mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
#ChaparinaII, el Gobierno en un acto por demás abusivo utiliza el carro
neptuno y gases para dispersar a los Indígenas de la#IXMARCHA
16mERBOL ?@ErbolDigital
Calle Potosí #LaPaz indigenas recogiendo sus pertenencias tras la
represion con gas lacrimógeno y chorros de agua del Neptuno#IXmarcha
18mDavid Encinas Polo ?@daenpolo
CONAMAG. Desmiente que no fue convocado para apoyar a la#IXmarcha del TIPNIS
19mERBOL ?@ErbolDigital
La Policia lanza granadas de Gas lacrimógeno contra los #Indígenasdel #TIPNIS #IXmarcha #ChaparinaII
21mJuan Gabriel Ledezma ?@jgabrielledezma
Neptuno desaloja vigilia de la #IXMarcha tras marcha de Mujeres Creando http://pic.twitter.com/3CRzogA9
http://lamula.pe/2012/07/05/bolivia-policia-reprime-violentamente-a-mujeres-e-indigenas-de-la-ix-marcha/Servindi
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Perú: AI insta al Gobierno a prohibir uso de armas letales en conflicto de Cajamarca
Servindi, 5 de julio, 2012.- Ante los hechos de violencia sucedidos
en la región de Cajamarca, la organización Amnistía Internacional instó
al gobierno peruano a que “disponga la prohibición a las fuerzas
policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente
inevitable para proteger la vida”.
Los disturbios y la represión policial en Cajamarca ya han tenido
como saldo cinco víctimas mortales desde el pasado 3 de julio en que el
presidente Ollanta Humala decidió prorrogar el estado de emergencia en
las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc.
Amnistía Internacional expresó su preocupación “por el creciente
nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos
naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que
abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo demandaron que se realice una investigación exhaustiva e
imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012.
A continuación el comunicado de Amnistía Internacional
sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que
están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al
mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas
sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de
emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para
proteger la vida.
La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de
conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales
en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la
puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos.
Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público,
pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las
normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a
los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo
modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el
ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y
asociación.
Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial
sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando
enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en
tres muertos, más de veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y
el ejército, y al menos 16 detenidos.
Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo
ha declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012,
por el cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a
la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la
libertad de reunión y tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y
Cajamarca.
Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de
emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares
internacionales de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe
traducirse en violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado
de emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física
de las personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser
respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido, y debe
protegerse y garantizarse el ejercicio de los defensores y defensoras de
derechos humanos en la zona para que puedan realizar su trabajo sin
miedo a represalias.
Fuente :http://servindi.org/actualidad/67732#more-67732
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Dario Aranda
Plaza de Mayo
La policía de Catamarca y grupos de choque
reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo
seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56
activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los
derechos humanos.
Seis represiones en sólo siete meses en
Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la
megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y
un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la
intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde
se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el
mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables
de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno
nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.
“Acampe nacional contra la megaminería”,
es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la
intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso
para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las
compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años
extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba
integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San
Juan y Buenos Aires.
Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120
personas que se identificaron como “pro mineros” (y que los
asambleístas llaman “patota de Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron
tres decenas de efectivos de infantería (que se sumaron a los diez
policías que ya estaban en el lugar). A las 14.40, la fiscal provincial
Silvia Alvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión
con explosivos con destino a Alumbrera.
Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.
Media
hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de
estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que (además de
liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de
infantería –caras tapadas, escudos, bastones e itakas– dieron diez
minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de
desalojo.
Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el acampe.
Cerro
Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite con La Rioja.
Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino
lo insólito: el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado
continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.
“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos”,
denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre
otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento
Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD Aníbal Verón y del
Movimiento Estudiantil Liberación.
A la medianoche, la Red
Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que transmitió los hechos todo
el día desde su radio online– logró comunicarse con los militantes del
micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta
Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota
minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su
integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.
“Es
increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia
articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la
gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del
gobierno nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo.
Botón de muestra Bajo
la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de
cobre del mundo y entre los 15 de oro. La campaña publicitaria de la
empresa y el poder político de turno prometía la construcción de un
barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta
complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas
obras se plasmó.
Alumbrera acumula denuncias por contaminación
del dique de colas (un basurero minero de 30 hectáreas y 150 metros de
profundidad), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros de
extensión que traslada el mineral en forma de barro a presión) y el
monumental consumo de agua. Alumbrera cuenta con un permiso de
extracción de 1.100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi
cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa
tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por
día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una
persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua
por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de
personas.
A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a
Agua Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos
de la canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como
tres veces más grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se
ubicará a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde
nacen los ríos que alimentan a la región (el Blanco, Candado y el
Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua
por segundo, casi 34 millones por día.
En marzo de 2010 se
conoció que el gobierno provincial había otorgado el área urbana de la
ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró
que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus viviendas para que la
minera avance con la extracción del mineral. La beneficiada era la
empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo internacional BHP
Billiton.
El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la
documentación oficial (expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de
expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe
también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesaban 280
permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16
involucraba 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La
movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno provincial,
hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue
ganando voces críticas en Catamarca.
Represiones En
diciembre de 2009, asambleístas de Andalgalá, Santa María y Belén
cortaron el camino de acceso al proyecto minero Agua Rica. El 15 de
febrero de 2010, al anochecer, sufrieron una dura represión por parte de
la policía provincial. ¿El motivo? Que la maquinaria de Yamana Gold
pudiera avanzar con Agua Rica. Hubo masivas movilizaciones y el Poder
Judicial suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.
En enero de 2012, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.
El
8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte
personas (entre ellas un chico de 13 años). Muy similar a la represión
de ayer.
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
El
jueves 9 de febrero, en un discurso público, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas.
La Presidenta remarcó que su interlocutor (Armando Domínguez) no era
dirigente política, ni era de la empresa Barrick Gold, sino un simple
“trabajador”. Pocas horas después, los medios de comunicación dejaron al
descubierto que Domínguez era dirigente del PJ de Olavarría,
sindicalista del gremio minero y que había sido interventor del gremio
en San Juan, donde cerró filas con Barrick Gold para acordar salarios en
el yacimiento Veladero. La Presidenta pidió iniciar “una discusión en serio” respecto a la minería.
Sólo
nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las 3.45 de la noche,
la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde
también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a
las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a
hombres, mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres,
gases lacrimógenos para todos. Fue transmitido en directa por el Canal
TN (del Grupo Clarín) y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de
Andalgalá).
El mismo día, la Asamblea de Tinogasta restableció el corte.
El
13 de febrero, allanaron las casas de ocho asambleístas de Andalgalá.
Por orden de la fiscal Karina Name, ingresaron a las viviendas en busca
de armas y bombas molotov. No encontraron nada.
Durante diez
días, un grupo de personas vinculadas a la actividad minera bloqueó el
acceso a Andalgalá. Durante diez días, cerró la entrada y salida a todos
los que suponían eran críticos a la actividad extractiva. En un virtual
estado de sitio, cerraron el paso a asambleístas, periodistas e incluso
diputados nacionales.
El 15 de febrero, impulsado por el
Gobierno Nacional, se conformó la Organización Federal de Estados
Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan,
Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro
respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la
creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).
El 12 de mayo, otra vez en Tinogasta, la policía avanzó sobre el bloque y detuvo a tres asambleístas.
El
1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de
Justicia provincial que ordene el desalojo del bloqueo selectivo de
Tinogasta.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de
Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, no tardó en responder: señaló que “la
cárcel es la solución para los ambientalistas”.
El jueves, en
discurso transmitido por Canal 7, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner anunció que la megaminera brasileña Vale invertirá 29.500
millones de pesos en un proyecto destinado a la extracción de potasio en
la localidad mendocina de Malargüe. El proyecto es muy cuestionado por
las asambleas socioambientales de Cuyo por el enorme consumo de agua y
gas que conlleva. Y la empresa Vale acumula denuncias de contaminación y
vulneración de derechos en Brasil, Mozambique, Canadá, Indonesia y
Colombia, todos países donde opera.
El proyecto (llamado “Potasio
Río Colorado”), afectará a cuatro provincias: Mendoza, Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires. Ante los directores de la compañía Vale y con la
presencia de los gobernadores de la Ofemi (Organización Federal de
Estados Mineros), la presidenta celebró: “Este mega emprendimiento es
hoy el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de Potasio
(…) Es un emprendimiento formidable que nos convierte en el tercer
exportador mundial de Potasio y quinto productor mundial (…) Queremos
agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. Porque hay
que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país,
en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante
inversión. Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se
equivocaron”.
Menos de 24 horas después, la policía de Catamarca
avanzó sobre el bloque y el acampe de las asambleas que cuestionan la
megaminería.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, destacó que “no
son casuales las coincidencias”. “En febrero, la Presidenta se burló de
las luchas socioambientales y al día siguiente hubo represión. Ayer
(por el jueves), transmitido por todos los canales, se tiró flores con
el máximo directivo de Vale, una empresa muy cuestionada, incluso más
cuestionada que la misma Barrick Gold. Esas acciones públicas no son
inocentes, son espaldarazos políticos para que los gobernadores avancen,
tienen vía libre ”.
El modelo Cerro Negro está
ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Tinogasta, donde desde enero
pasado se mantiene el bloque a camiones mineros en la ruta 60. En ese
lugar, Paso San Francisco, hubo dos represiones en cuatro meses (febrero
y mayo) sobre la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el
Agua. Darío Moreno, de Tinogasta y también presente en Cerro Negro,
denunció que “ya son al menos 50 los activistas procesados por luchar contra el la minería en Catamarca”.
En el acampe rechazaron que se los catalogue como “antimineros” y precisaron que no rechazan la minería. “No
estamos contra la minería, estamos en contra la megaminería
transnacional, parte del modelo extractivo de saqueo y contaminación,
donde también entran la soja transgénica con agrotóxicos, el robo del
petróleo y este invento de contaminación que se llama gas no
convencional”, precisó Darío Moreno.
La asamblea de
Tinogasta denuncia que, sólo en ese departamento, existen ocho proyectos
mineros en estudio, incluso un emprendimiento de uranio a sólo diez
cuadras del centro del pueblo.
La Red de Asistencia Jurídica
contra la Megaminería (Redaj) alertó que en la actualidad se encuentran
en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en
“exploración avanzado” (ya se conocen las ubicación y calidad de las
reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a
la explotación). En su “Informe preliminar sobre vulneración de
derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, encabezan la lista
Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y
Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro
(seis cada una) y Catamarca (cuatro). La Secretaría de Minería de
Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo
40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma
Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos
mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.
Derechos Humanos “La
criminalización en países de América Latina ocurre con el objetivo de
intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a
actividades y proyectos extractivos”, advierte el Observatorio de
Conflictos Ambientales de América Latina (Ocmal) en su último informe
“Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en
América Latina”. Y aclara que la criminalización se expresa con procesos
judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización,
represión y, también, asesinatos.
El informe, de 180 carillas, resalta coincidencias que se repiten en todos los países de la región: “Los
Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema
extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad,
seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización
se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los
llamados ‘progresistas’ (…) Cada derecho otorgado a una empresa
extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a
las comunidades afectadas”.
Enrique Viale, de la
organización Abogados Ambientalistas, evaluó que la megaminería “sólo
puede avanzar así, con violencia, criminalizando la protesta porque no
hay licencia social, sólo la pueden imponer con violencia. El Gobierno
Nacional terciariza la represión con las provincias, y éstas hacen el
trabajo sucio junto a grupos de choque. Cerro Negro es un claro ejemplo
de esa represión”.
Ayer a la mañana, previo a la represión, el
premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel entregó un documento a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la violencia hacia
quienes protestan contra el modelo extractivo. “Solicitamos al máximo
órgano del Poder Judicial de la Nación la adopción de las medidas
peticionadas con suma urgencia a los efectos de tutelar y proteger los
derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a
peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a
proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y
cumplen con su obligación de defender al ambiente y la naturaleza”,
comienza el escrito.
El documento entregado al máximo tribunal alerta que en las provincias “se incrementa de forma notable la criminalización de la protesta social”,
denuncia que el Estado (en sus distintos niveles) “tienen como objetivo
la intimidación y el acallar las voces y acciones de resistencia de los
pueblos frente a proyectos extractivos”.
“Tal como se
observa en Catamarca, respecto a la represión de las manifestaciones
públicas y la criminalización de la protesta no existe un Estado de
Derecho. Existe una connivencia absoluta entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial, donde éste último no tiene ninguna independencia y, por
lo tanto, el derecho de defensa es de imposible ejercicio”, afirma
el documento, encabezado por Perez Esquivel y también firmado por Hermes
Binner, diputados (Jorge Cardelli, Victoria Donda, Roy Cortina, Omar
Duclós, Pablo Bergel), académicos (Maristella Svampa y Andrés Carrasco) y
una decena de organizaciones sociales.
Horas antes de la represión en Catamarca, el documento presentado ante la Corte Suprema advertía: “Las
personas que actualmente participan del bloqueo selectivo en Cerro
Negro defienden los derechos humanos, el territorio, la salud, la vida,
la biodiversidad y los bienes comunes, y ejercen su derecho a preservar y
proteger el ambiente y demás derechos fundamentales (…) El Gobierno de
Catamarca y el Estado Nacional tienen antecedentes sólidos de ejercer
violencia institucional sobre las personas que protestan contra los
emprendimientos megamineros”.
El documento, de doce carillas,
alerta sobre la situación puntual de Cerro Negro, y lo hace extensivo a
todas las luchas contra el modelo extractivo (megaminería,
agronegocios): “Resulta crítica y riesgosa la situación en la que se
encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades que tienen como
fin controlar a los Estados y proteger a los habitantes tienen la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que
continúen estas violaciones a los derechos humanos”. Los firmantes del
documentos, encabezado por el Nobel de la Paz, exigieron que los
conflictos sean resueltos por la vía democrática “y no a través de la
violencia estatal o privada”.
El documento fue presentado ante
la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y,
también, ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín
Fresneda.
Dos horas después, el Estado-minero no se dio por enterado y volvió a reprimir en Catamarca.
Fuente: http://www.plazademayo.com/2012/07/represion-a-cielo-abierto/
PD :
Editado por Julio Pérez | | | Madrid, 20 jul (RHC) La policía detuvo a 15 personas y 39 fueron
atendidas por servicios sanitarios en disturbios tras la manifestación
en la que cientos de miles de personas protestaron contra los recortes
de gasto público del gobierno español.
La marcha iniciada en la Plaza de Neptuno culminó en la Puerta del
Sol, donde tras disolverse se registraron choques entre manifestantes y
policías que impedían que fueran a protestar ante el Congreso de los
Diputados.
Las detenciones se realizaron en las calles del centro de Madrid,
entre ellas la de un menor de edad y un bombero, que fue llevado a la
sede de la Brigada Provincial de Información, mientras que al menor a la
Unidad de Menores de la Policía Nacional.
Los incidentes se produjeron en las calles próximas al Congreso de los
Diputados (que está resguardado desde la semana pasada que se
anunciaron los recortes), en el barrio de Huertas y también en la Puerta
del Sol.
Los choques dejaron 39 personas heridas, por golpes y caídas, seis de
ellas fueron llevadas a hospitales, y dos policías siguen internados por
heridas leves.
Los disturbios fueron la continuación de una noche de protestas en
Madrid, al igual que en las principales ciudades de España, contra los
recortes de gasto público del gobierno de Mariano Rajoy, que además ha
subido el IVA del 18 al 21 por ciento y elimina el aguinaldo a los
trabajadores públicos.
Las manifestaciones fueron convocadas por las centrales Unión General
de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) una vez que el
Congreso de los Diputados aprobó la víspera el decreto que pone en
marcha los recortes.
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/19457-policia-reprime-violentamente-masivas-protestas-en-capital-espanola.html
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Bolivia: Policía reprime violentamente a mujeres e indígenas de la IX Marcha
Por Servindi
Servindi, 5 de julio, 2012.- Con chorros de agua y bombas
lacrimógenas la policía echó esta mañana de forma violenta a los
indígenas –entre los que se cuentan mujeres y niños– que se encontraban
apostados en los exteriores de la Vicepresidencia a la espera de que el
gobierno de Evo Morales inicie el diálogo en torno a las demandas
indígenas.Las violentas acciones se originaron cuando las fuerzas del
orden procedieron a dispersar una protesta de la agrupación Mujeres
Creando que ocuparon las calles para apoyar las demandas del los
pueblos indígenas defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Secure (TIPNIS).
Este primer ataque contra las activistas que se dio una hora antes
del mediodía fue usado como pretexto para arremeter luego contra los
indígenas que se hallaban en el frontis de la sede de la Vicepresidencia
a solo dos cuadras de la Plaza Murillo donde se encuentra el Palacio
de Gobierno y el Parlamento.
Tras la violencia desatada por la policía que incluyó la descarga de
gases lacrimógenos y fuertes chorros de agua lanzadas de un carro
Neptuno, mujeres y niños que se guarecían en más de un centenar de
carpas huyeron en distintas direcciones mientras los hombres intentaban
recuperar sus pertenencias.
Según la versión de la Policía, las acciones emprendidas se
originaron en respuesta a supuestos ataques con palos y piedras de parte
de los indígenas. Carlos Cayuba, corregidor de la comunidad de
Concepción, lamentó que se haya actuado con tal violencia y se preguntó
cómo puede haber un diálogo si los tratan de esa manera.
Los indígenas que llevan una semana instalados en esta parte de la
capital no habían protagonizado actos de violencia, por el contrario
mantuvieron una actitud pacífica a la espera de que el mandatario los
reciba para tratar sus demandas respecto a la construcción de una vía
que cruzara el parque donde habitan.
Algunas reacciones que provocó el accionar del gobierno en las redes sociales:
Resultados para #IXMARCHA
2mERBOL ?@ErbolDigital
Comandante miente al informar que #Indigenas #IXmarchaprovocaron a los
policias lo hicieron un grupo de 30 personas de#MujeresCreando
4mRodrigo Loredo ?@rloredo
#Opinión: Las culpables son #MujeresCreando, y ahora los indígenas de la
#IXMarcha del #TIPNIS son los que pagan platos rotos, muy mal!!
4mAlbert Hans Argote ?@Hans_Argote
Da rabia y vergüenza como el actúa el gobierno con los de la#IXMARCHA,
luego nos dicen que no hay discriminación y racismo#Bolivia
5mMiguel A. Buitrago ?@miguelabuitrago
“@ErbolDigital: Calle Potosí indigenas recogiendopertenencias tras la
represion con gas lacrimógeno y chorros de agua del Neptuno#IXmarcha”
7mERBOL ?@ErbolDigital
Se informa que una persona quedo inconciente por causa del gas lacrimógeno #IXmarcha #TIPNIS
7mJuan Pablo Coimbra ?@jpablocoimbra
RT @rloredo: Represión de la policía es ahora directa contra los
indígenas de la #IXMarcha apostados en Vicepresidencia
informa@ERBOLRADIO
7mTipnisEnResistencia ?@porelTipnis
Policía justifica represión contra #MujeresCreando por “acciones
violentas” por parte de indígenas de la #IXMarcha #TIPNIS via@rloredo
8mRodrigo Loredo ?@rloredo
Represión de la policía es ahora directa contra los indígenas de la#IXMarcha apostados en Vicepresidencia informa @ERBOLRADIO
8mERBOL ?@ErbolDigital
Se lanzaron 3 granadas de gas directamente al campamento de la vigilia
#IXmarcha el carro netuno lanza chorros directamente a los#indigenas
8mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
En las narices de todo Bolivia el Gobierno agrede a los indígenas de la #IXMarcha
9mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
Hasta cuando los Bolivianos vamos a soportar, esto que esta pasando con los Indígenas de la #IXMarcha es demasiado
12mJuan Gabriel Ledezma ?@jgabrielledezma
Neptuno desaloja vigilia de la #IXMarcha tras protesta de Mujeres
Creando cc: @solecitabolivia @mrduranchhttp://pic.twitter.com/tiV2YIZ6
Ver foto
12mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
Es increible lo que está sucediendo en Bolivia, chorros de agua y gases para los indígenas de la #IXMarcha
12mRodrigo Loredo ?@rloredo
Policía justifica represión contra #MujeresCreando por “acciones violentas” por parte de indígenas de la #IXMarcha #TIPNIS
13mTonny Lopez ?@tonnylp
La marcha de Berthas fue reprimida por efectivos policiales, la vigilia
de la #IXMarcha del #Tipnis en la calle Potosí fue gasificada
15mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
#Agresión a niños y mujeres de la #IXMarcha
16mBernardo Calleja SC. ?@Berno_csc
#ChaparinaII, el Gobierno en un acto por demás abusivo utiliza el carro
neptuno y gases para dispersar a los Indígenas de la#IXMARCHA
16mERBOL ?@ErbolDigital
Calle Potosí #LaPaz indigenas recogiendo sus pertenencias tras la
represion con gas lacrimógeno y chorros de agua del Neptuno#IXmarcha
18mDavid Encinas Polo ?@daenpolo
CONAMAG. Desmiente que no fue convocado para apoyar a la#IXmarcha del TIPNIS
19mERBOL ?@ErbolDigital
La Policia lanza granadas de Gas lacrimógeno contra los #Indígenasdel #TIPNIS #IXmarcha #ChaparinaII
21mJuan Gabriel Ledezma ?@jgabrielledezma
Neptuno desaloja vigilia de la #IXMarcha tras marcha de Mujeres Creando http://pic.twitter.com/3CRzogA9
http://lamula.pe/2012/07/05/bolivia-policia-reprime-violentamente-a-mujeres-e-indigenas-de-la-ix-marcha/Servindi
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Perú: AI insta al Gobierno a prohibir uso de armas letales en conflicto de Cajamarca
Servindi, 5 de julio, 2012.- Ante los hechos de violencia sucedidos
en la región de Cajamarca, la organización Amnistía Internacional instó
al gobierno peruano a que “disponga la prohibición a las fuerzas
policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente
inevitable para proteger la vida”.
Los disturbios y la represión policial en Cajamarca ya han tenido
como saldo cinco víctimas mortales desde el pasado 3 de julio en que el
presidente Ollanta Humala decidió prorrogar el estado de emergencia en
las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc.
Amnistía Internacional expresó su preocupación “por el creciente
nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos
naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que
abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo demandaron que se realice una investigación exhaustiva e
imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012.
A continuación el comunicado de Amnistía Internacional
Frente a la grave situación en
Cajamarca, Amnistía Internacional exige el cese inmediato de la
violencia y pide medidas de protección para defensores y defensoras de
derechos humanos
Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los dirigentes Cajamarca, Amnistía Internacional exige el cese inmediato de la
violencia y pide medidas de protección para defensores y defensoras de
derechos humanos
sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que
están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al
mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas
sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de
emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para
proteger la vida.
La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de
conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales
en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la
puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos.
Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público,
pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las
normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a
los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo
modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el
ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y
asociación.
Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial
sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando
enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en
tres muertos, más de veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y
el ejército, y al menos 16 detenidos.
Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo
ha declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012,
por el cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a
la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la
libertad de reunión y tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y
Cajamarca.
Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de
emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares
internacionales de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe
traducirse en violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado
de emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física
de las personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser
respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido, y debe
protegerse y garantizarse el ejercicio de los defensores y defensoras de
derechos humanos en la zona para que puedan realizar su trabajo sin
miedo a represalias.
Fuente :http://servindi.org/actualidad/67732#more-67732
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Argentina :Represión a cielo abierto
Dario Aranda
Plaza de Mayo
La policía de Catamarca y grupos de choque
reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo
seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56
activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los
derechos humanos.
Seis represiones en sólo siete meses en
Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la
megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y
un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la
intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde
se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el
mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables
de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno
nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.
“Acampe nacional contra la megaminería”,
es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la
intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso
para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las
compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años
extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba
integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San
Juan y Buenos Aires.
Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120
personas que se identificaron como “pro mineros” (y que los
asambleístas llaman “patota de Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron
tres decenas de efectivos de infantería (que se sumaron a los diez
policías que ya estaban en el lugar). A las 14.40, la fiscal provincial
Silvia Alvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión
con explosivos con destino a Alumbrera.
Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.
Media
hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de
estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que (además de
liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de
infantería –caras tapadas, escudos, bastones e itakas– dieron diez
minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de
desalojo.
Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el acampe.
Cerro
Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite con La Rioja.
Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino
lo insólito: el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado
continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.
“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos”,
denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre
otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento
Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD Aníbal Verón y del
Movimiento Estudiantil Liberación.
A la medianoche, la Red
Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que transmitió los hechos todo
el día desde su radio online– logró comunicarse con los militantes del
micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta
Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota
minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su
integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.
“Es
increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia
articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la
gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del
gobierno nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo.
Botón de muestra Bajo
la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de
cobre del mundo y entre los 15 de oro. La campaña publicitaria de la
empresa y el poder político de turno prometía la construcción de un
barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta
complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas
obras se plasmó.
Alumbrera acumula denuncias por contaminación
del dique de colas (un basurero minero de 30 hectáreas y 150 metros de
profundidad), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros de
extensión que traslada el mineral en forma de barro a presión) y el
monumental consumo de agua. Alumbrera cuenta con un permiso de
extracción de 1.100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi
cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa
tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por
día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una
persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua
por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de
personas.
A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a
Agua Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos
de la canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como
tres veces más grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se
ubicará a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde
nacen los ríos que alimentan a la región (el Blanco, Candado y el
Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua
por segundo, casi 34 millones por día.
En marzo de 2010 se
conoció que el gobierno provincial había otorgado el área urbana de la
ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró
que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus viviendas para que la
minera avance con la extracción del mineral. La beneficiada era la
empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo internacional BHP
Billiton.
El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la
documentación oficial (expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de
expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe
también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesaban 280
permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16
involucraba 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La
movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno provincial,
hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue
ganando voces críticas en Catamarca.
Represiones En
diciembre de 2009, asambleístas de Andalgalá, Santa María y Belén
cortaron el camino de acceso al proyecto minero Agua Rica. El 15 de
febrero de 2010, al anochecer, sufrieron una dura represión por parte de
la policía provincial. ¿El motivo? Que la maquinaria de Yamana Gold
pudiera avanzar con Agua Rica. Hubo masivas movilizaciones y el Poder
Judicial suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.
En enero de 2012, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.
El
8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte
personas (entre ellas un chico de 13 años). Muy similar a la represión
de ayer.
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
El
jueves 9 de febrero, en un discurso público, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas.
La Presidenta remarcó que su interlocutor (Armando Domínguez) no era
dirigente política, ni era de la empresa Barrick Gold, sino un simple
“trabajador”. Pocas horas después, los medios de comunicación dejaron al
descubierto que Domínguez era dirigente del PJ de Olavarría,
sindicalista del gremio minero y que había sido interventor del gremio
en San Juan, donde cerró filas con Barrick Gold para acordar salarios en
el yacimiento Veladero. La Presidenta pidió iniciar “una discusión en serio” respecto a la minería.
Sólo
nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las 3.45 de la noche,
la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde
también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a
las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a
hombres, mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres,
gases lacrimógenos para todos. Fue transmitido en directa por el Canal
TN (del Grupo Clarín) y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de
Andalgalá).
El mismo día, la Asamblea de Tinogasta restableció el corte.
El
13 de febrero, allanaron las casas de ocho asambleístas de Andalgalá.
Por orden de la fiscal Karina Name, ingresaron a las viviendas en busca
de armas y bombas molotov. No encontraron nada.
Durante diez
días, un grupo de personas vinculadas a la actividad minera bloqueó el
acceso a Andalgalá. Durante diez días, cerró la entrada y salida a todos
los que suponían eran críticos a la actividad extractiva. En un virtual
estado de sitio, cerraron el paso a asambleístas, periodistas e incluso
diputados nacionales.
El 15 de febrero, impulsado por el
Gobierno Nacional, se conformó la Organización Federal de Estados
Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan,
Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro
respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la
creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).
El 12 de mayo, otra vez en Tinogasta, la policía avanzó sobre el bloque y detuvo a tres asambleístas.
El
1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de
Justicia provincial que ordene el desalojo del bloqueo selectivo de
Tinogasta.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de
Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, no tardó en responder: señaló que “la
cárcel es la solución para los ambientalistas”.
El jueves, en
discurso transmitido por Canal 7, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner anunció que la megaminera brasileña Vale invertirá 29.500
millones de pesos en un proyecto destinado a la extracción de potasio en
la localidad mendocina de Malargüe. El proyecto es muy cuestionado por
las asambleas socioambientales de Cuyo por el enorme consumo de agua y
gas que conlleva. Y la empresa Vale acumula denuncias de contaminación y
vulneración de derechos en Brasil, Mozambique, Canadá, Indonesia y
Colombia, todos países donde opera.
El proyecto (llamado “Potasio
Río Colorado”), afectará a cuatro provincias: Mendoza, Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires. Ante los directores de la compañía Vale y con la
presencia de los gobernadores de la Ofemi (Organización Federal de
Estados Mineros), la presidenta celebró: “Este mega emprendimiento es
hoy el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de Potasio
(…) Es un emprendimiento formidable que nos convierte en el tercer
exportador mundial de Potasio y quinto productor mundial (…) Queremos
agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. Porque hay
que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país,
en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante
inversión. Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se
equivocaron”.
Menos de 24 horas después, la policía de Catamarca
avanzó sobre el bloque y el acampe de las asambleas que cuestionan la
megaminería.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, destacó que “no
son casuales las coincidencias”. “En febrero, la Presidenta se burló de
las luchas socioambientales y al día siguiente hubo represión. Ayer
(por el jueves), transmitido por todos los canales, se tiró flores con
el máximo directivo de Vale, una empresa muy cuestionada, incluso más
cuestionada que la misma Barrick Gold. Esas acciones públicas no son
inocentes, son espaldarazos políticos para que los gobernadores avancen,
tienen vía libre ”.
El modelo Cerro Negro está
ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Tinogasta, donde desde enero
pasado se mantiene el bloque a camiones mineros en la ruta 60. En ese
lugar, Paso San Francisco, hubo dos represiones en cuatro meses (febrero
y mayo) sobre la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el
Agua. Darío Moreno, de Tinogasta y también presente en Cerro Negro,
denunció que “ya son al menos 50 los activistas procesados por luchar contra el la minería en Catamarca”.
En el acampe rechazaron que se los catalogue como “antimineros” y precisaron que no rechazan la minería. “No
estamos contra la minería, estamos en contra la megaminería
transnacional, parte del modelo extractivo de saqueo y contaminación,
donde también entran la soja transgénica con agrotóxicos, el robo del
petróleo y este invento de contaminación que se llama gas no
convencional”, precisó Darío Moreno.
La asamblea de
Tinogasta denuncia que, sólo en ese departamento, existen ocho proyectos
mineros en estudio, incluso un emprendimiento de uranio a sólo diez
cuadras del centro del pueblo.
La Red de Asistencia Jurídica
contra la Megaminería (Redaj) alertó que en la actualidad se encuentran
en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en
“exploración avanzado” (ya se conocen las ubicación y calidad de las
reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a
la explotación). En su “Informe preliminar sobre vulneración de
derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, encabezan la lista
Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y
Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro
(seis cada una) y Catamarca (cuatro). La Secretaría de Minería de
Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo
40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma
Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos
mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.
Derechos Humanos “La
criminalización en países de América Latina ocurre con el objetivo de
intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a
actividades y proyectos extractivos”, advierte el Observatorio de
Conflictos Ambientales de América Latina (Ocmal) en su último informe
“Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en
América Latina”. Y aclara que la criminalización se expresa con procesos
judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización,
represión y, también, asesinatos.
El informe, de 180 carillas, resalta coincidencias que se repiten en todos los países de la región: “Los
Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema
extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad,
seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización
se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los
llamados ‘progresistas’ (…) Cada derecho otorgado a una empresa
extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a
las comunidades afectadas”.
Enrique Viale, de la
organización Abogados Ambientalistas, evaluó que la megaminería “sólo
puede avanzar así, con violencia, criminalizando la protesta porque no
hay licencia social, sólo la pueden imponer con violencia. El Gobierno
Nacional terciariza la represión con las provincias, y éstas hacen el
trabajo sucio junto a grupos de choque. Cerro Negro es un claro ejemplo
de esa represión”.
Ayer a la mañana, previo a la represión, el
premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel entregó un documento a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la violencia hacia
quienes protestan contra el modelo extractivo. “Solicitamos al máximo
órgano del Poder Judicial de la Nación la adopción de las medidas
peticionadas con suma urgencia a los efectos de tutelar y proteger los
derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a
peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a
proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y
cumplen con su obligación de defender al ambiente y la naturaleza”,
comienza el escrito.
El documento entregado al máximo tribunal alerta que en las provincias “se incrementa de forma notable la criminalización de la protesta social”,
denuncia que el Estado (en sus distintos niveles) “tienen como objetivo
la intimidación y el acallar las voces y acciones de resistencia de los
pueblos frente a proyectos extractivos”.
“Tal como se
observa en Catamarca, respecto a la represión de las manifestaciones
públicas y la criminalización de la protesta no existe un Estado de
Derecho. Existe una connivencia absoluta entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial, donde éste último no tiene ninguna independencia y, por
lo tanto, el derecho de defensa es de imposible ejercicio”, afirma
el documento, encabezado por Perez Esquivel y también firmado por Hermes
Binner, diputados (Jorge Cardelli, Victoria Donda, Roy Cortina, Omar
Duclós, Pablo Bergel), académicos (Maristella Svampa y Andrés Carrasco) y
una decena de organizaciones sociales.
Horas antes de la represión en Catamarca, el documento presentado ante la Corte Suprema advertía: “Las
personas que actualmente participan del bloqueo selectivo en Cerro
Negro defienden los derechos humanos, el territorio, la salud, la vida,
la biodiversidad y los bienes comunes, y ejercen su derecho a preservar y
proteger el ambiente y demás derechos fundamentales (…) El Gobierno de
Catamarca y el Estado Nacional tienen antecedentes sólidos de ejercer
violencia institucional sobre las personas que protestan contra los
emprendimientos megamineros”.
El documento, de doce carillas,
alerta sobre la situación puntual de Cerro Negro, y lo hace extensivo a
todas las luchas contra el modelo extractivo (megaminería,
agronegocios): “Resulta crítica y riesgosa la situación en la que se
encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades que tienen como
fin controlar a los Estados y proteger a los habitantes tienen la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que
continúen estas violaciones a los derechos humanos”. Los firmantes del
documentos, encabezado por el Nobel de la Paz, exigieron que los
conflictos sean resueltos por la vía democrática “y no a través de la
violencia estatal o privada”.
El documento fue presentado ante
la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y,
también, ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín
Fresneda.
Dos horas después, el Estado-minero no se dio por enterado y volvió a reprimir en Catamarca.
Fuente: http://www.plazademayo.com/2012/07/represion-a-cielo-abierto/
PD :
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